Petro-Perú: Lluvia de millones

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“La ayuda del Estado viene a resolver los problemas de liquidez que enfrenta. Los recursos transferidos son de los contribuyentes”.

Imagine la situación. Usted crea una empresa. Le mete muchas ganas y esfuerzo al emprendimiento. Después de buenos años las cosas empiezan a ir mal. Tiene problemas con el pago a sus proveedores. Algunos aceptan refinanciar deudas; otros simplemente le cierran el caño. Los bancos ya no lo atienden como el primer día; le exigen más garantías. No tiene dinero fresco que aportar. O vende o se liquida, no hay más alternativa. No es el caso de Petro-Perú, quien sí puede pedir una “ayudita”.

Sólo este año se han transferido a Petro-Perú US$ 2.250 millones de dólares en ayudas estatales, para no mencionar las transferencias y garantías otorgadas previamente para financiar sus inversiones (refinería de Talara).

Se alega un riesgo de desabastecimiento de combustibles como justificación. Existen colas y racionamiento en algunas plantas de abastecimiento. ¿Cómo llegamos a este punto? No hay una guerra que explique el desabastecimiento ni un oleaje anómalo que impida el desembarque de combustibles. Simplemente los proveedores se niegan a desembarcar el combustible hasta que Petro Perú no les asegure el pago. ¿Cómo una empresa con el 45% de participación del mercado y con una demanda garantizada ha llegado a esta situación? No es un misterio difícil de explicar.

La ayuda del Estado viene a resolver los problemas de liquidez que enfrenta. Los recursos transferidos son de los contribuyentes. Nos dijeron que era para pagar a maestros, policías y enfermeras; han preferido destinar esos recursos al rescate de Petro-Perú. Sin esas transferencias, el riesgo de que sus acreedores reclamen un pago anticipado de créditos y termine en Indecopi, se eleva. Probablemente la ayuda sólo retrase el gatillo de esos riesgos.

Este tipo de ayudas estatales no están disponibles para empresas privadas. No importa si operan un puerto, un aeropuerto o distribuyen electricidad. Incluso si sus problemas financieros ponen en riesgo el abastecimiento o atención de los consumidores, no hay ayuda estatal que les salve de las garras de sus acreedores. Con ellos no habrá misericordia.

Tampoco están disponibles para las empresas privadas que compiten con quienes reciben estas ayudas. Van a tener que jugar un partido de fútbol contra alguien que ha sido autorizado a tener 22 jugadores en la cancha. Si les falta oxígeno, tendrán que aguantar o retirarse.

La actividad empresarial pública debiera estar sujeta a las mismas condiciones a las que se encuentra sujeta la actividad empresarial privada. Ambos tipos de inversión debieran recibir el mismo tratamiento de parte del Estado. Al menos eso dice la Constitución. Aquí se ha creado un régimen de ayuda para el rescate de una empresa pública en particular. Si tanto quiere competir, debe hacerlo sin “ayuditas”. Si no puede hacerlo, que se venda o liquide como lo hubiera hecho cualquier empresa privada ante la misma situación. Esto no es ideología. Es proteger el dinero del Pueblo y la competencia en los mercados.

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