Publicado por: BFE+
Gabriela López. Jefa del Área de Consultoría Económica
Paola Benancio Ávila. Practicante del Área de Regulación y Competencia
Hace un par de semanas, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC) implementó una nueva regulación para el sector farmacéutico: establecer márgenes brutos máximos de comercialización de todos los medicamentos registrados ante el Ministerio de Salud. El objetivo era corregir la supuesta “anomalía en el funcionamiento del mercado de medicamentos”1 que estaría causando que dichos márgenes sean elevados. Sin embargo, la agencia de competencia (COPROCOM) se ha opuesto a esta medida y, además, ha presentado recomendaciones para fomentar competencia en este mercado.
Los medicamentos son un producto altamente sensible para todos. En general, el tema de acceso a la salud lo es. En ese sentido, si bien esta medida puede sonar razonable para muchos, los efectos de la regulación de precios pueden tener un impacto negativo en el bienestar de la población, más aún cuando hay otras medidas que puedan lograr el mismo beneficio. Aparentemente, el MEIC no habría ponderado adecuadamente las consecuencias adversas de esta regulación.
Es importante recordar que establecer un precio (o margen) máximo puede ser un desincentivo a la producción del bien afectado pues dicho precio (o margen) no compensa la estructura de costos en los que el oferente debe incurrir para producir dicho bien. Además, se desincentiva el ingreso de empresas al mercado debido a la menor probabilidad de recuperar sus costos de entrada. Todo ello contribuye a la escasez de estos productos2.
En particular, en el caso de precios de medicamentos, existen otros efectos negativos, como la reducción de la inversión en investigación y desarrollo (I+D), el retraso de introducción de medicamentos innovadores, el desabastecimiento debido a los márgenes poco rentables para las empresas y la reducción de la calidad de los fármacos3.
En 2013, India implementó una medida de este tipo con el objetivo de garantizar el acceso a medicamentos considerados esenciales, esperando el incremento de sus ventas. Sin embargo, el efecto fue contrario. Ante la reducción de sus márgenes, las firmas recortaron sus gastos en publicidad, lo que obstaculizó la transmisión de información adecuada sobre los medicamentos. Esto afectó la confiabilidad de las prescripciones realizadas por médicos sin título, quienes atienden a personas pobres y obtienen información de medicamentos a través de la publicidad4. La experiencia de Sudáfrica con una regulación similar denominada “Single Exit Price” (SEP) implementada en el 2004 resultó en presiones financieras a los fabricantes ocasionando la descontinuación de algunos medicamentos y cierre de farmacias independientes en áreas rurales5.
La regulación bajo comentario estará vigente a partir del 18 de febrero de 2025 hasta el 18 de agosto del mismo año. Los márgenes por grupo terapéutico6 serán aplicados diferenciadamente a mayoristas (droguerías) y a minoristas (farmacias). Para establecer dichos márgenes, se consideró el benchmark del promedio de los márgenes de 47 países analizados por la Dirección de Análisis Económico y Comercial (DAEC) con un ajuste de variabilidad.
La implementación de esta medida ha generado debate en Costa Rica ante la manifestación de oposición de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM), la cual ha argumentado que la regulación podría tener efectos perjudiciales en el mercado farmacéutico7. Ello sobre todo en un contexto en el que 5 días después de emitida la regulación, la autoridad publicó los resultados de su estudio de mercado sobre el sector farmacéutico en Costa Rica, el cual analizó las condiciones de competencia de este mercado para detectar barreras que contribuyen al incremento sostenido de precios de los medicamentos.
Los principales problemas identificados por el estudio, que tienen un impacto en el nivel de precios de los medicamentos fueron el retraso en la obtención del registro sanitario, lo que afectaría la entrada de medicamentos de bajo costo; la desconfianza de medicamentos genéricos sin marca; las relaciones de exclusividad entre laboratorios y droguerías; y la falta de armonización regulatoria con otros países de la región, lo cual desincentiva la entrada de competidores extranjeros. Frente a estos retos, la COPROCOM recomendó la optimización del registro sanitario de medicamentos, el fomento del uso de genéricos con y sin marca, el aprovechamiento de la cobertura de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como principal proveedor público de medicamentos, entre otros.
Parece que la receta de regulación de precios todavía está vigente en Latinoamérica, a pesar de la evidencia sobre los efectos perjudiciales que esta puede causar, sobre todo cuando hay otras medidas que puedan lograr el mismo objetivo, que es proteger el bienestar de los consumidores. Esperemos que la temporalidad de esta regulación recientemente aprobada sirva para reflexionar sobre lo ya expuesto recientemente por la agencia de competencia.
Lo ocurrido en Costa Rica demuestra la necesidad de que las agencias de competencia participen de forma activa en todas aquellas propuestas regulatorias que propongan medidas para corregir distorsiones en los mercados.
- “[…] el Despacho Ministerial identifica la existencia de una anomalía en el funcionamiento del mercado de medicamentos que tiene un efecto negativo en términos de los márgenes de comercialización, razón por la cual y dada la importancia e impacto de este mercado en el disfrute de la salud de la población, se considera de interés público que el Estado intervenga”. En: Decreto Ejecutivo No. 44863-MEIC, página 4. Disponible en:
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=103687&nValor3=144294&strTipM=TC ↩︎ - Al respecto, el presidente de la Cámara Costarricense de la Salud, Eduardo Jiliberto, declaró que la medida provocaría el cierre de un gran número de pequeñas y medianas farmacias de sectores rurales, causando la pérdida de empleos y disponibilidad de medicamentos. Además, es sabido que esta situación puede conducir al desarrollo de “mercados negros” donde se ofertan productos de baja calidad a precios superiores al establecido, lo que afecta a los consumidores. En: https://delfino.cr/2025/01/camara-costarricense-de-la-salud-propone-mesa-de-trabajo-para-abordar-regulacion-de-precios-de-medicamentos ↩︎
- Kakkar, A. K. (2021). Pharmaceutical price regulation and its impact on drug innovation: mitigating the trade-offs. Disponible en: https://doi.org/10.1080/13543776.2021.1876029 ↩︎
- Jaikumar, S., Chintagunta, P. K., & Sahay, A. (2024). Do No Harm? Unintended Consequences of Pharmaceutical Price Regulation in India.Disponible en: https://doi.org/10.1177/00222429241242685 ↩︎
- Ngozwana, S. (2016). Policies to Control Prices of Medicines: Does the South African Experience Have Lessons for Other African Countries? Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-1-137-54647-0_12 ↩︎
- Grupo Terapéutico: Agrupación de medicamentos según su principio activo aplicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acuerdo con la Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química ATC (Anatomical Therapeutic Chemical). ↩︎
- La COPROCOM ha mantenido su oposición a esta medida desde el anuncio del proyecto de regulación, en junio de 2024. La institución advirtió en sus comentarios a la propuesta sobre los efectos contraproducentes de la misma. En presentación de Estudio de Mercado del Sector Farmacéutico en Costa Rica 2025. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=tCa6xaYYgTo ↩︎
Gabriela es Máster en Competencia y Regulación de Mercado por la Barcelona Graduate School of Economics, España. Es licenciada en Ciencias Sociales con especialización en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gabriela tiene experiencia en las áreas de Organización Industrial, Regulación y Políticas de Competencia; con enfoque en los sectores de Telecomunicaciones, Medio Ambiente, Transporte y Retail. Ha participado en más de 15 investigaciones de libre competencia (carteles, posición de dominio, fusiones, etc.), más de 10 estudios de impacto regulatorio y más de 30 estudios de cuantificación de daños y multas administrativas. Cuenta con un nivel fluido de inglés.