Publicado por: Revista Industria Legal marzo 2022 p.54-55
El 15 de enero de 2022, en el marco de las operaciones de la Refinería La Pampilla del grupo Repsol, ocurrió un derrame en el mar de la región de Lima de 10.396 barriles de petróleo, según cálculos de la propia compañía (VER AQUI).
La entidad fiscalizadora OEFA calcula 180 hectáreas de playa y 713 de mar afectadas (VER AQUI). Las personas que viven del mar también han visto afectadas par ricochet sus actividades económicas
Bajo derecho peruano, la responsabilidad ambiental incluye consecuencias civiles, administrativas y penales (VER AQUI). Una alternativa de la legislación peruana que se debería tener en cuenta es el arbitraje ambiental. El artículo 152 de la Ley General del Ambiente, Ley 28611, establece expresamente esta posibilidad. El literal a) expresamente permite arbitrar la “determinación de montos indemnizatorios por daños ambientales o por comisión de delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales”.
El arbitraje ofrece un foro neutral para evitar presiones internas, o incluso nacionalismos, que puedan aflorar en sede judicial local, con la posibilidad de pactar la confidencialidad o privacidad de las actuaciones. Ofrece un foro especializado y flexible para el análisis técnico adecuado, como en casos notorios recientes como Burlington o Perenco.
Ofrece también un mecanismo para el reconocimiento de la decisión en la mayoría de los países del mundo, quienes han suscrito la Convención de Nueva York de 1958. Por ejemplo, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ofrece un reglamento específico para controversias ambientales, que se ha fijado en diversos pactos internacionales (VER AQUI).
Resulta necesario empoderar a las entidades competentes del Estado peruano para suscribir convenios arbitrales en este tipo de casos. Pendiente también está perfeccionar el mecanismo para ventilar controversias por intereses difusos y el arbitraje de acciones de clase, como herramientas adicionales para los afectados.
Un trabajo coordinado y conjunto de todos los centros arbitrales a favor de una mayor transparencia podría permitir que la información que contiene el Faro sea más completa en beneficio del usuario. Eso contribuiría a que los usuarios elijan mejor a sus árbitros, pues sabrán mas sobre sus potenciales conflictos, independencia e imparcialidad, sobre los plazos que suelen demorarse, sobre sus sanciones pasadas o laudos anulados. Se contribuiría de esa forma, a clientes mejor informados y, con ello, a un sistema arbitral más transparente y legítimo.