Publicación BFE+
En las últimas semanas, hemos sido espectadores de los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania. Además de las terribles pérdidas en vidas humanas, el impacto económico de este conflicto ya se está sintiendo a nivel mundial, por lo que es lógico que la competencia también se pueda ver afectada y en ese contexto surge la pregunta de ¿cuál debería ser el rol de la agencia de competencia?
Las sanciones impuestas a Rusia han tenido críticos efectos sobre las relaciones comerciales y, por ende, la economía internacional. Uno de los mercados principalmente afectados ha sido el del petróleo, en el cual Rusia tiene una importante participación[1]. El pasado 7 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la prohibición de las importaciones de petróleo, gas natural licuado y carbón proveniente de Rusia, mientras que Reino Unido y la Unión Europea han planteado alternativas similares en el corto plazo[2].
Estas medidas no solo han perjudicado a los ingresos económicos de Rusia sino también a la cadena de suministros de petróleo alrededor del mundo. En términos económicos, esto genera un efecto similar al de un escenario de escasez del producto en el mercado, sobre todo en mercados como los de la Unión Europea en los que al menos 27% de las importaciones de petróleo provienen de Rusia. Así, desde que empezó el conflicto hasta ahora, el precio del petróleo Brent ha aumentado en aproximadamente 10%[3] mientras el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) lo ha hecho en 17%.
Como es previsible, el incremento en los precios de este bien commodity, también tendrá un impacto en la cadena de producción de otros productos en el Perú debido al efecto de un incremento en los precios de combustible y energía, lo que se traduce en mayores costos para los transportistas y productores, respectivamente.
Por otro lado, según JP Morgan, Rusia y Ucrania tienen una participación de 29% de las exportaciones de trigo y 19% de las exportaciones de maíz a nivel mundial[4]. Asimismo, Rusia tiene una importante participación en el mercado de fertilizantes: su producción representa el 8% de lo producido mundialmente. El cese de exportaciones desde estos países ha perjudicado a economías altamente dependientes de estos insumos. Así, por ejemplo, Perú importa aproximadamente 83% del nitrato de amonio que necesita para la elaboración de explosivos en el sector minero y 69% de la demanda nacional de fertilizante desde Rusia.
Estos son solo algunos ejemplos de los impactos negativos en la economía que esta guerra ya viene ocasionando. En términos sencillos, lo que se viene experimentando son los efectos de un shock de oferta[5] negativo, es decir, un evento que hace que los costos de producción se incrementen y la disposición a ofrecer se reduzca; por lo que es lógico que, ante estos eventos, la dinámica competitiva en el mercado peruano se vea afectada. Así, probablemente algunas empresas que actualmente ofrecen sus productos o servicios tendrán que salir del mercado porque no podrán enfrentar el alza de sus insumos y las que tienen espaldas financieras para soportar la crisis tendrán que elevar sus precios para cubrir los incrementos en sus costos de producción.
En ese contexto, es natural que existan presiones para que la agencia de competencia intervenga y “solucione” las distorsiones en el mercado controlando los precios o recomendando medidas orientadas a ello. Por un lado, los consumidores podrían ejercer presiones debido a que ven afectado su poder adquisitivo porque perciben mayores precios y escasez de productos. Por otro lado, las empresas también podrían ejercer presiones porque ven afectada su rentabilidad y permanencia en el mercado. Finalmente, podrían existir presiones por parte de otros agentes, como, por ejemplo, algunos representantes del Poder Legislativo. Al respecto, es importante recordar que la agencia de competencia peruana solo puede actuar en el marco de sus facultades, las cuales en ningún caso permiten intervenir en el establecimiento de precios.
Así, por ejemplo, su labor en un contexto de incremento de precios en determinados sectores consiste en buscar la promoción de la competencia y en monitorear el mercado con el fin de detectar posibles infracciones a la competencia, como la concertación de precios. Asimismo, también puede realizar lo que se conoce como “abogacías de la competencia”, los cuales son estudios de mercado que luego de un análisis técnico permiten proponer – de ser el caso – mejoras en la dinámica competitiva de los mercados.
En un escenario como el que se está viviendo, lo mejor que la agencia de competencia peruana podría hacer es mantener, como lo ha venido haciendo, su rol técnico sobre el entendimiento de la economía y los efectos de los recientes eventos en las variables económicas. Este aporte es vital y necesario en estos tiempos en el que las demandas de diversos agentes (consumidores, empresas o algunos representantes del Estado) se pueden convertir en propuestas o medidas regulatorias que terminan empeorando la situación económica y también la competencia en los mercados.
[1] Según la EIA, en 2020, Rusia fue el tercer productor más importante de petróleo luego de Estados Unidos y Arabia Saudita con una producción promedio de 10.5 millones de barriles por día; y participa en 57% de las importaciones realizadas por los países europeos. Disponible en: https://bit.ly/3J4mHxb
[2] BBC (08.03.2022). Rusia y Ucrania: cuánto depende el mundo del petróleo y el gas ruso (y cuál es la situación en América Latina). Dispoible en: https://bit.ly/37psO1l
[3] Variación obtenida en base a los precios de cierre de petróleo Brent del 24 de febrero al 11 de marzo. Fuente: Yahoo Finance. Disponible en: https://yhoo.it/3w061Dx
[4] BBC (11.03.2022). Rusia y Ucrania: del trigo al aluminio, 4 exportaciones estratégicas de los dos países. Disponible en: https://bbc.in/3CA8kOK
[5] El BCRP en su Glosario de Términos Económicos define a un shock de oferta como cambios en la productividad de los factores de producción o perturbaciones en la oferta de trabajo.
Gabriela es Máster en Competencia y Regulación de Mercado por la Barcelona Graduate School of Economics, España. Es licenciada en Ciencias Sociales con especialización en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gabriela tiene experiencia en las áreas de Organización Industrial, Regulación y Políticas de Competencia; con enfoque en los sectores de Telecomunicaciones, Medio Ambiente, Transporte y Retail. Ha participado en más de 15 investigaciones de libre competencia (carteles, posición de dominio, fusiones, etc.), más de 10 estudios de impacto regulatorio y más de 30 estudios de cuantificación de daños y multas administrativas. Cuenta con un nivel fluido de inglés.