El aparato estatal y su falta de respuesta

By /
Tiempo de lectura: 7 minutos

Publicado por: BFE+

Por Gabriela López, Jefa del Área de Consultoría Económica y
Ronald Yaipén, practicante del Área de Regulación y Competencia.

Muchos de los problemas que estamos viviendo actualmente radican en la falta de respuesta del aparato estatal. Si los mecanismos que tiene el Estado no funcionan como deben, la falta de confianza en las instituciones es inevitable y el resto de la historia se cuenta sola. 

Un ejemplo de esta falta de respuesta la vimos recientemente el pasado 23 de diciembre de 2022 cuando la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI (Sala) declaró “sustracción de la materia” en un procedimiento iniciado en contra del Poder Judicial por la imposición de una presunta barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad respecto a la exigencia de presentar una “papeleta de habilitación profesional”1. Específicamente, la medida burocrática denunciada fue la exigencia del Poder Judicial2 según la cual todo abogado debe presentar una Constancia o “Papeleta de Habilitación”, expedida por el Colegio de Abogados en el que se encuentre registrado, para que pueda litigar ante el Poder Judicial.

De acuerdo con la interpretación de la Sala, debido a que el Tribunal Constitucional3 ya se habría pronunciado en otro caso señalando que esta obligación carecía de razonabilidad, no correspondía al INDECOPI pronunciarse sobre si esta exigencia constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad.

Sin embargo, los efectos del pronunciamiento del Tribunal Constitucional se limitarían al caso específico en el que se emitió la sentencia al haberse dado en el marco de un proceso de amparo contra resolución judicial. Ello ha sido reconocido incluso por dicho tribunal al señalar que mediante una acción de amparo no se puede cuestionar la validez en abstracto de una norma, pues para ello existe el proceso de inconstitucionalidad y de acción popular4. En ese sentido, la Sala ha realizado una indebida evaluación de los efectos de la resolución en cuestión al considerar que la decisión tomada en sede constitucional implica la eliminación de la exigencia de la papeleta de habilitación en todos los casos.

Así las cosas, en la práctica, la presente exigencia continúa vigente. Y por tanto se sigue exigiendo una papeleta que a todas luces afecta los derechos de todo aquel que acude al Poder Judicial: desde al ciudadano que pretende iniciar un proceso (y a quien el abogado traslada el costo de trámite) hasta al propio Estado cuando debe acudir al fuero judicial, causando con todo ello más ineficiencia a nuestro sistema judicial, perjudicando a la población y a la economía en general5. 

Es claro que esta exigencia es absurda, no solo porque no cumple eficazmente el propósito de verificar que un abogado se encuentre habilitado para el ejercicio de sus funciones, sino porque existen otros medios alternativos menos costosos. De hecho, así lo consideró la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB), primera instancia en INDECOPI, al declarar que esta exigencia constituía una barrera burocrática ilegal. En esa misma línea, el Poder Judicial ya admitió con anterioridad que este requisito encarece el costo del proceso, generando sobrecostos a los abogados; y resulta “desproporcionado” al existir otros medios menos costosos para alcanzar el mismo resultado6. Incluso en opinión del Tribunal Constitucional, esta obligación carece de razonabilidad. A pesar de lo anterior, el sistema creado para detectar y eliminar regulaciones absurdas no ha respondido según sus fines manteniendo una exigencia costosa y carente de razonabilidad que afecta el acceso a la justicia.

En este contexto, ¿cuánto le cuesta a la sociedad esta falta de respuesta y que se mantenga la exigencia? Un ejercicio simple permite mostrar las ineficiencias que esta obligación genera. Así, al comparar el gasto aproximado asociado a esta exigencia con el gasto vinculado a una alternativa menos costosa, como lo sería la impresión de la habilitación desde las páginas web de los colegios de abogados, se puede observar que el gasto de presentar la papeleta de habilitación es aproximadamente 50 veces más alto que la alternativa menos costosa, es decir, la ineficiencia por esta regulación absurda es 4,900% mayor. 

Comparación de gasto por Constancia de Habilitación 
vs. Alternativa menos costosa7

Dicho cálculo fue realizado con el costo de esta constancia en el Colegido de Abogados de Lima que asciende a S/ 58, pero si el abogado se encontrara inscrito en, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Cajamarca, el monto de dicha constancia ascendería a S/ 109 y si el abogado litigante estuviera registrado en el Colegio de Abogados de Ancash, el costo ascendería a S/ 2010. Así, en estos casos, la ineficiencia por esta regulación absurda sería 9,900% y 19,900% mayor a la alternativa menos costosa. 

Frente a este problema, el mecanismo de eliminación de barreras burocráticas sería una herramienta útil, para desarticular las imperfecciones que el aparato estatal crea. Sólo en el 2021 eliminaron 5,843 barreras, cuantificadas en S/ 48,3 millones11, reduciendo así las ineficiencias creadas por una mala regulación. Sin embargo, en este caso, a pesar de que la primera instancia (CEB) sí decidió aplicar esta herramienta, la Sala hizo borrón y cuenta nueva, y dejó a millones de peruanos sin protección ante esta imperfección. Así, la permanencia de una exigencia, a todas luces absurda, no solo refleja la falta de respuesta del aparato estatal, sino que impacta negativamente en la población y en la economía en general.