Publicado por: Revista Industria Legal noviembre 2021 p.58-59
El efecto más evidente de la crisis sanitaria ha sido, quizás, el aumento de las desigualdades y las consecuencias en la economía. En efecto, América Latina experimentó la contracción más pronunciada del PBI en 2020: un 7%, en comparación con el promedio mundial del 3%.
El informe “El arbitraje latinoamericano en transición” publicado por White & Case reflexiona sobre al impacto de la pandemia del COVID-19 en los países latinoamericanos y las nuevas tendencias políticas. En Colombia estallaron violentas protestas después de que el gobierno anunciara una nueva reforma tributaria. Incluso en países con economías tradicionalmente abiertas, como Chile, se han comenzado a tomar medidas que parecen indicar un retorno a economías más nacionalistas.
En la misma línea, las políticas públicas instituidas en Brasil bajo Jair Bolsonaro y en México bajo López Obrador parecen confirmar que los movimientos nacionalistas están profundamente vinculados a los sentimientos de antiglobalización.
En Perú, las propuestas de reforma constitucional del presidente Castillo han generado una inestabilidad latente. Entre sus últimas declaraciones, resalta aquella en la cual propone la “nacionalización” de Camisea, concesionaria encargada de la producción y distribución del gas. Sin bien ante la crítica, ha intentado moderar su postura, lo cierto es que la tensión se mantiene.
La incertidumbre al respecto de las medidas del nuevo gobierno y, en general, de la tendencia política-económica en Latinoamérica es inmensa. Sin embargo, lo que no está sujeto a duda, es que, ante posibles expropiaciones o disposiciones que atenten contra derechos de los inversionistas, el arbitraje se mantendrá como el mecanismo clave para las disputas internacionales.
No cabe duda que, ante esta futura ola de controversias, será especialmente importante reforzar las prácticas y reglas de las instituciones arbitrales, para así brindar la seguridad que los gobiernos se limitan a aportar.