Publicado por: Diario El Comercio 12 de febrero de 2023
“Uno de los aciertos de la Constitución de 1993 fue adoptar una regla simple: la actividad empresarial del Estado debe estar limitada a un rol subsidiario. ¡Zapatero a sus zapatos!”,
¡¡¡Apagón!!! ¡¡¡No hay luz!!! Los cortes de electricidad son continuos. Pueden durar entre seis y 10 horas al día. El año pasado se registraron apagones durante la mayor parte del año (205 días). La situación podría mantenerse igual por lo menos hasta el 2024. Problemas en la construcción, defectos técnicos y accidentes han retrasado la puesta en operación de equipos que podrían haber evitado la situación. La falta de equipos de respaldo y de mantenimiento de otros han agravado la situación. Deudas acumuladas hacen insostenible la operación de la empresa sin la constante ayuda financiera del Gobierno. Hogares, comercios e industrias sufren las consecuencias.
Esto no es cuento. Sucede actualmente en Sudáfrica. La protagonista es Eskon, una empresa del Estado. No es la única en esa situación. Transnet –que controla ferrocarriles e infraestructura portuaria– atraviesa por una situación similar. Su ineficiencia ha puesto en jaque las exportaciones de carbón de ese país, en un momento en que los precios son muy favorables. Faltan repuestos y ha existido descuido en el mantenimiento de vías y equipos.
No es difícil de imaginar el origen de estos problemas. Todos están asociados al manejo de empresas por parte del Estado. Corrupción y negligencia por parte de amigos del gobierno de turno. Cualquier parecido con Petro-Perú no es una mera coincidencia.
Uno de los aciertos de la Constitución de 1993 fue adoptar una regla simple: la actividad empresarial del Estado debe estar limitada a un rol subsidiario. ¡Zapatero a sus zapatos! Los promotores del cambio de la Constitución de 1993 podrían decir que eso no es lo que quiere la gente. Según ellos, la gente demanda mayor actividad empresarial del Estado.
Este tipo de ayudas estatales no están disponibles para empresas privadas. No importa si operan un puerto, un aeropuerto o distribuyen electricidad. Incluso si sus problemas financieros ponen en riesgo el abastecimiento o atención de los consumidores, no hay ayuda estatal que les salve de las garras de sus acreedores. Con ellos no habrá misericordia.
Al ser preguntados por los cambios que deberían introducirse en la Constitución vigente en la última encuesta del IEP (enero, 2023), el 51% de los encuestados se mostró de acuerdo con la opción “que el Estado sea dueño de las principales empresas e industrias del país”. Seguro que los ‘cambio lovers’ buscarán usar este tipo de ‘evidencias’ en su cruzada.
Sería interesante preguntar a ese 51% que opinó a favor –el 41% lo hizo en contra– si están dispuestos a dejar en manos del Estado la venta de urea que tan ‘eficientemente’ fue manejada por los ‘cambio lovers’, sufrir cortes en el suministro de electricidad como en Sudáfrica, o que se invierta menos en el colegio de sus hijos para ayudar a Petro-Perú a pagar deudas. Anticipo una actitud diferente respecto de la idea del Estado empresario luego de estas repreguntas.
Probablemente gran parte de ese 51% exprese un justo reclamo por mayor presencia del Estado en salud o educación, o una queja frente al maltrato de ciertas empresas privadas. Atender esas demandas no requiere convertir al Estado en dueño de Backus o Norky’s. ¡Basta con promover más competencia en los mercados y que el zapatero haga bien su chamba!
Alejandro es Máster en Regulación por el London School of Economics and Political Sciences, Reino Unido. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene práctica en las áreas de Derecho de la Competencia, Regulación Económica, Regulación en Telecomunicaciones, Energía y Transporte, Responsabilidad Civil Extracontractual, Contratos y Arbitraje. Cuenta con un nivel fluido de inglés.