“Los reguladores de servicios públicos son muy apetitosos para los gobiernos de turno”.
Ese es el título de un trabajo de investigación elaborado en el colegio por una amiga de mi hija. Trata de los pagos o regalos hechos por alumnos a sus profesores para ser aprobados en algún examen. Debe haber escuchado estas historias; muchas son tomadas como simples palomilladas.
No hace mucho el concurso de nombramiento docente se anuló luego de detectarse que el examen circulo antes de ser aplicado. Se sospecha que alguien quiso dar una mano a ciertos postulantes. La investigación está en proceso. “Profe, ¿cuánto por el puesto?” podría ser el título de este capítulo de una historia que comienza en el colegio. ¿Sucederá lo mismo con el concurso para la elección del presidente del consejo directivo de los organismos reguladores?
Los reguladores de los servicios públicos (Osiptel, Ositrán, Osinergmin y Sunass) son muy apetitosos para los gobiernos de turno. Fijan tarifas de servicios públicos, tema sensible para el bolsillo de los usuarios. Pueden ser utilizados para favorecer campañas políticas. Controlan también presupuestos importantes que pueden ser usados como “botín de guerra” para pagar favores a quienes apoyaron en la campaña electoral.
Los organismos reguladores fueron creados como entidades técnicas e independientes precisamente para evitar estos riesgos. Alejados del juego político y de sus participantes, toman decisiones técnicas que los políticos no serían capaces de tomar, como subir peajes para cumplir el compromiso asumido en un contrato de concesión.
La estructura de gobierno de estos organismos ha sido diseñada también para evitar dichos riesgos. Su dirección está a cargo de un cuerpo colegiado, el consejo directivo. Sus integrantes no representan a un grupo de interés determinado, ni siquiera al de los usuarios. Si lo hicieran, sus decisiones no serían técnicas sino interesadas. Son designados – previo concurso público por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía, Indecopi y el Ministerio del sector que corresponda.
Perú Libre quiere cambiar este diseño para “democratizarlo” (¿?). Se busca incorporar dos representantes de asociaciones de consumidores en los consejos directivos y relajar los requisitos de solvencia e idoneidad profesional para que puedan acceder al cargo. A ellos no se les exigiría una experiencia previa de gestión en entidades públicas o trabajos en áreas vinculadas ni los requisitos de calificación académica mínima que se requieren para el resto. Se trata de bajar la valla para que pasen el examen y accedan al puesto.
Independientemente del curso de este proyecto en el Congreso (PL 021-2021), expresa una visión del Gobierno que podría reflejarse en el manejo del concurso que se está llevando a cabo a nivel de la PCM para designar al presidente de varios organismos reguladores. Los postulantes deben acreditar ciertos requisitos, pasar un examen y entrevista. ¿La valla será igual para todos o algunos recibirán una ayudita? ¿Se repetirá la historia del concurso de los docentes? Veremos cómo se comporta el profe.
Alejandro es Máster en Regulación por el London School of Economics and Political Sciences, Reino Unido. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene práctica en las áreas de Derecho de la Competencia, Regulación Económica, Regulación en Telecomunicaciones, Energía y Transporte, Responsabilidad Civil Extracontractual, Contratos y Arbitraje. Cuenta con un nivel fluido de inglés.