La frase del título es del gran director de cine español Luis Buñuel. Expresa la paradoja de creer o no creer. Creer tiene sentido si se puede decidir ser ateo. Y no creer adquiere sentido si la religión es una opción.
Pero para la ley ese espacio de duda no debería existir. La ley tiene que ser atea. Un derecho laico es la base de un mundo diverso, tolerante y civilizado.
Es bueno que una idea genere reacciones. Mejor si las reacciones son discrepantes con la idea. El consenso excesivo es preocupante. Es síntoma de renuncia a nuestra capacidad de pensar. Nos conduce a un mundo en el que las ideas permanecen impávidas y quietas, unas al lado de las otras, como las lápidas en un cementerio.
Disfruto cuando mis artículos generan controversia. Más que si generan consenso. Y tengo un ránking de temas que generan reacciones más beligerantes en contra.
El tercer lugar lo ocupan los artículos críticos al fujimorismo. Generan reacciones destempladas y agresivas. Y, además, despistadas. Curiosamente me acusan de “caviar” o izquierdista.
El segundo lugar lo ocupan las reacciones de izquierda (usualmente de la línea más populista y menos reflexiva) que ven en abogar por las libertades económicas un insulto a la dignidad humana (precisamente lo contrario a lo que significan).
Pero el primer lugar se lo llevan, sin duda, las reacciones basadas en creencias religiosas. Hay de todo. Las que consideran que ideas que contrastan con su fe merecen compasión. No todos pueden tener el conocimiento que la verdadera fe en Dios les ha regalado. Otros invocan la necesidad de leer las escrituras, que, supuestamente, tienen respuestas a todos nuestros problemas. Y hay siempre la de los “Torquemada” que agresivamente condenan (o hasta insultan) a quienes “atentan” contra la fe y lanzan la amenaza (implícita o explícita) de mandarte al infierno.
Un ejemplo es lo que pasó con mi artículo de la semana pasada sobre Ana Estrada, quien enfrenta una dura enfermedad y desea ponerle término a su vida (“Vivir para morir”, 17/1/2021). Reacciones parecidas generaron artículos a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo (por ejemplo: “Un paso para adelante…y otro para atrás”, 25/10/20).
Tener fe es claramente un derecho. Pero abstenerse de imponer a otros las reglas de conducta de su propia religión es una obligación. Toleramos el derecho a creer en un dios por las mismas razones por las que toleramos el derecho a no creer en ninguno.
Y es por eso que el Estado y sus leyes tienen que ser “ateas”. No les corresponde acoger la fe de unos para excluir la de otros. Los argumentos religiosos son irrelevantes para el legislador y la Biblia no puede ser citada como fundamento en una exposición de motivos.
Actuar según la propia fe es una respetable decisión personal. Pero no puede ser impuesta a quienes creen en algo diferente. Sería una falta de respeto.
Si la ley le impone a Ana Estrada seguir viviendo a pesar de su enfermedad o a Oscar Ugarteche no poder casarse con quien ama, está vulnerando la libertad de religión que protege por igual el derecho a creer que el derecho a no creer. Finalmente, la ley es atea, gracias a Dios.
Máster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Yale, Estados Unidos. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Honoris Causa por la Universidad Continental. Experiencia en Arbitraje Internacional y de Inversiones, Competencia, Regulación Económica, Derecho Civil y de Contratos, con enfoque en los sectores de construcción, seguros, energía, telecomunicaciones, minería, hidrocarburos, entre otros. Como abogado y experto, ha participado en 150 casos administrados bajo las reglas de CCI, CIADI, CIAC, CCL, Amcham y el Centro de Arbitraje de la PUCP. Como árbitro ha participado en más de 300 arbitrajes administrados por la CCI, CIADI, PCA, CIAC, CCL, Amcham, etc. Es el único latinoamericano que forma parte de la Corte de Arbitraje de London Court of International Arbitration. Forma parte del Consejo de administración del CEIA. Fue miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y Presidente de la Comisión Técnica del Ministerio de Justicia que elaboró la Ley de Arbitraje peruana. Hasta el 2000, fue miembro del Tribunal de INDECOPI. Hace más de 16 años es reconocido como Band 1 / Star Individual por Chambers & Partners, y es el único peruano reconocido en el ranking regional de International Arbitration por Chambers & Partners. Es reconocido como Global Elite Thought Leader por WWL.