Lima, 17 de marzo
2025 Año XI

Lima, 17 de marzo 2025
Año XI

Regulación & Competencia: Perú


NOTICIAS


CONGRESO: Presentan proyecto que modifica la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI

El grupo parlamentario Fuerza Popular presentó un proyecto de ley que buscaría garantizar optimizar la eficacia de los órganos resolutivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). En ese sentido, se busca modificar la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, de modo que se establece como requisitos para ser designado miembro del Consejo Directivo, se debe contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y mínimo con ocho (8) años de experiencia general. Asimismo, se incorpora como funciones del Consejo Directivo convocar a concurso público de méritos para la elección de los Vocales de las Salas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, los miembros de las Comisiones (cada 5 años) y los jefes de los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor,  así como designar a los Directores de la Propiedad Intelectual y los Secretarios Técnicos, con opinión del órgano consultivo. Por último, se propone incorporar que tanto el cargo de Vocal de una Sala del Tribunal como de Comisión deberá ejercerse de forma exclusiva y a tiempo completo, siendo válido únicamente mantener el derecho a ejercer la docencia.

Proyecto de Ley 10482/2024-CR (11/03/25)


Promigas, a través de su empresa Quavii, iniciará un arbitraje internacional contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La disputa surge por la nueva tarifa de distribución de gas natural fijada por OSINERGMIN, que, según la empresa, no reconoce sus inversiones eficientes. Tras agotar la vía administrativa, Promigas solicitará al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) la suspensión de sus obligaciones contractuales. Así, mientras continúa operando la concesión, no podrá realizar nuevas inversiones, lo que afectaría la expansión del servicio. Con el objetivo de evitar estos impactos negativos y alcanzar un acuerdo, la etapa de trato directo con el Estado comenzará en abril o mayo. De no lograrse, se procederá con el arbitraje. Esta demanda se suma a la presentada recientemente por Brookfield, evidenciando un contexto de disputas internacionales contra Perú.

Diario Gestión (17/03/25)


Con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios de los sistemas financiero y de seguros, y como parte de un trabajo permanente de revisión al marco normativo de las entidades bajo su supervisión, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), mediante Resolución No. 00890-2025, modificó los reglamentos de conducta de mercado del sistema financiero y del sistema de seguros en temas relacionados al seguro de desgravamen. Entre las principales novedades, y siguiendo las prácticas internacionales, la SBS establece que la adquisición del seguro de desgravamen solo puede ser una condición necesaria para la contratación en los créditos hipotecarios para vivienda. En el caso de los demás productos crediticios (crédito de consumo, tarjetas de crédito, entre otros), las entidades financieras deberán ofrecer al menos una alternativa que no condicione la contratación de un seguro de desgravamen. 

Portal Institucional de la SBS (12/03/25)


Brookfield inició un arbitraje contra el Estado peruano ante el CIADI, exigiendo más de US$2.700 millones por su inversión en Rutas de Lima. Alega que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha impedido el cobro de peajes, afectando la concesión. Además, tribunales internacionales y una corte en EE.UU. han ordenado pagos a favor de Rutas de Lima por más de US$200 millones, aún no abonados. Ben Vaughan, ejecutivo de Brookfield, criticó las acciones del Estado y expresó su deseo de una solución negociada. Aunque el conflicto se originó con la MML, el demandado es el Estado peruano, representado por el MEF.

Diario El Comercio (14/03/25)


El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través de la Dirección de Fiscalización e Instrucción (DFI) de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD), viene tramitando dos fiscalizaciones al Colegio de Abogados de Lima (CAL) en virtud de un ataque cibernético en el que se habrían comprometido los datos personales de sus agremiados, y en atención a una denuncia. En cuanto al primer caso, el CAL emitió un comunicado señalando haber recibido un ataque de ransomware en noviembre de 2024, comprometiendo la operatividad de dos servidores institucionales. Respecto al segundo caso, está referido a la denuncia de una agremiada contra el CAL por un presunto inadecuado tratamiento de sus datos personales.  Ambas fiscalizaciones fueron realizadas en cumplimiento de las funciones de la DFI que establece la responsabilidad de fiscalizar de oficio o por denuncia de parte, los presuntos actos contrarios a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.

Portal Institucional del MINJUSDH (13/03/25)


La Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento y Monitoreo a la eficiencia de la inversión pública alcanzada por los Gobiernos Regionales presentó un proyecto de ley que buscaría garantizar la adecuada supervisión en la ejecución contractual de las obras publicas. En ese sentido, se busca modificar artículo 62°, 87° y 91° de la Ley No. 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.  En cuanto al artículo 62 referido a la supervisión de la ejecución contractual, se propone incorporar la supervisión, de manera permanente y exclusiva, como parte de las obligaciones del supervisor. En adición a ello, establece la ausencia recurrente en la obra del supervisor, de manera injustificada en más de tres oportunidades, y registrar contratos de supervisión con otras entidades públicas en el mismo plazo de la ejecución contractual como faltas graves. Por último, incorpora como causal de inhabilitación la supervisión negligente de la ejecución de obras, de modo que perjudique económicamente a las entidades contratantes, registrando inasistencias injustificadas a la obra, de manera continua, en más de tres oportunidades, y registrar contratos de supervisión con otras entidades públicas en el mismo plazo de la ejecución contractual.

Proyecto de Ley 10505/2024-CR (13/03/25)


El grupo parlamentario Alianza para el Progreso presentó un proyecto de ley que buscaría garantizar que los gobiernos locales orienten su accionar fiscalizador hacia la provisión de servicios adecuados a los ciudadanos, así como asegurar que los consumidores tengan acceso, mediante uno o más portales públicos de la situación de seguridad de las distintas infraestructuras de acceso público. En ese sentido, se busca modificar incorporar el artículo 74-A de la Ley Orgánica de Municipalidades, estableciendo la obligación de los gobiernos locales de contar con un «Plan anual de fiscalización de infraestructuras», que señale las prioridades, áreas, intensidades y frecuencias de las actividades de fiscalización, en relación con el riesgo o peligro que las actividades o infraestructuras objeto de fiscalización generen en las personas, el cual mediante deberá aprobarse mediante Resolución de alcaldía, previo informe del órgano de línea responsable de llevar a cabo las acciones de fiscalización. Asimismo, se incorpora el numeral 2.5 del artículo 2 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, de modo que se considere información relevante aquella relacionada con el estado de conservación y medidas de seguridad de la infraestructura de acceso público en donde se llevan a cabo relaciones de consumo.

Proyecto de Ley 10492/2024-CR (12/03/25)


El pleno del Congreso de la República aprobó en segunda votación el dictamen que deroga la Ley No. 31143, Ley que protege de la usura a los consumidores de servicios financieros. Esta ley entró en vigor en marzo de 2021 y establecía que las tasas de interés cobradas por las entidades financieras debían fijarse libremente dentro de los límites establecidos por el Banco Central de Reserva del Perú. Además, otorgaba a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones la facultad de identificar y sancionar cláusulas abusivas en materia de tasas de interés, comisiones y otros cargos.

Diario Gestión (13/03/25)


El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) oficializó el Reglamento de la Ley 32085, que busca mejorar la gestión y el mantenimiento sostenible de la infraestructura de riego menor, este reglamento define el marco de acción del MIDAGRI, de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), los gobiernos regionales y locales, así como de las Organizaciones de los Usuarios de Agua (OUA) y los Núcleos Ejecutores (NE). En un inicio, el Gobierno deberá elaborar el Plan de Mantenimiento de la Infraestructura de Riego Menor, el cual será aprobado anualmente.

Diario Gestión (16/03/25)


Jorge Pérez Flores, gobernador regional de Lambayeque, expresó su rechazo a la propuesta del ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, que plantea transferir la gestión de la segunda etapa del proyecto Olmos al sector agrario, retirándola de manos de la empresa Novonor, anteriormente conocida como Odebretch hasta el año 2020. El gobernador destacó que el Ejecutivo no tendría la capacidad para gestionar un proyecto de la magnitud de Olmos y habría la posibilidad de paralizaciones y demoras.

Diario Gestión (11/03/25)


Proinversión y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) suscribieron un convenio para impulsar el Proyecto Majes-Siguas II mediante una APP. Con inversiones públicas y privadas estimadas en US$ 4,000 millones, se espera un valor bruto de producción agroexportadora de US$ 1,300 millones anuales, beneficiando a unas 350 mil familias arequipeñas. Majes-Siguas II forma parte del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible 2022-2025, que prioriza 72 proyectos por S/ 174 mil millones en sectores clave. La iniciativa busca atraer inversión privada para su culminación, considerando su impacto en el desarrollo agrícola y económico del país.

Portal Institucional de Proinversión (14/03/25)


A través la Resolución de Gerencia General No. 068-2025-GG/OSIPTEL, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), aprueba la versión 2.0 de los contratos tipo para los servicios públicos de telecomunicaciones. Mediante la Resolución de Gerencia General No. 149-2024-GG/OSIPTEL, se dispuso la modificación de los contratos tipo para los servicios públicos de telecomunicaciones, estableciendo el uso obligatorio de la versión 2.o desde el 1 de mayo del 2025. Las modificaciones abarcan diversos servicios, incluyendo telefonía móvil, acceso a Internet, y televisión de paga, en español y en lenguas originarias (quechua, aimara, ashaninka y shipibo-konibo). Además, se recomienda la aprobación de los contratos tipo actualizados y la cartilla informativa de derechos del usuario en estas lenguas, promoviendo la transparencia y protección del usuario.

Portal Institucional de OSIPTEL (13/03/25)


ARTÍCULOS


Agustín Valencia-Dongo | Bullard Falla Ezcurra +

Eduardo Quintana
Socio Regulación y Competencia

Telefónica post declaración de insolvencia: ¿Venta forzada o negociada bajo presión?


EVENTOS


Agustín Valencia-Dongo | Bullard Falla Ezcurra +

Desafíos de la defensa de la competencia en América Latina (Virtual)

El jueves 27 de marzo a las 10:00 am (hora Argentina), se llevará a cabo el desayuno virtual “Rationale and Goals of Digital Competition Regulations”. En esta oportunidad, el debate lo abrirá Geoffrey Manne (International Center for Law and Economics, EE.UU).

   

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