Publicación BFE+
En las últimas semanas, ante el incremento de algunos precios y el alza del tipo de cambio, hemos presenciado declaraciones del Poder Ejecutivo[1], propuestas de la bancada oficialista del Congreso y acciones de Indecopi orientadas a intervenir en los precios de la economía[2]. Todas estas iniciativas tienen un factor común y es la poca conciencia sobre sus efectos negativos en la economía y el bienestar de los consumidores.
Más allá del reciente monitoreo de precios realizado por Indecopi en los mercados y de las declaraciones del jefe de Estado anunciando “sorpresas” frente al precio de determinados productos, la medida más concreta en la actualidad es el reciente Proyecto de Ley N° 022 – 2021 – CR presentado por la bancada del Partido Político Perú Libre, el cual propone modificar los artículos 62, 65 y 66 de la Constitución de manera que el Estado esté facultado de controlar los precios para hacer frente a situaciones que “afecten el abastecimiento de productos y servicios necesarios para la atención de la demanda nacional”.
La intervención en los precios de la economía no es una receta nueva, por el contrario, ha surgido varias veces en el pasado, sobre todo a raíz de la crisis sanitaria. Así, en el año 2020, se presentó casi una decena de proyectos de ley para modificar los artículos mencionados en aras de garantizar un mayor poder del Estado para establecer reglas y limitaciones, así como revisar contratos en situaciones excepcionales. En general, todos estos proyectos de ley tienen una justificación común de parte de sus promotores: garantizar el bienestar de la población. Sin embargo, los efectos adversos que los controles de precios producen justamente lo contrario: reducen el bienestar de la población. Esto es algo que todos deberíamos recordar.
La lógica para entender los efectos negativos del control de precios se resume en lo siguiente: establecer un precio máximo representa un desincentivo a la producción del bien afectado. Ello puede obedecer a que el precio fijado no compensa la estructura de costos en los que el oferente debe incurrir para producir dicho bien. Asimismo, las empresas potenciales entrantes decidirán finalmente no entrar al mercado debido a que la probabilidad de recuperar sus costos de entrada será menor, o de manera general, porque prevén menores rentabilidades futuras que las esperadas antes de la adopción de esta política.
Estos cambios en las decisiones de los agentes económicos generan una depresión en la cantidad ofertada con la que no se lograría satisfacer la demanda; provocando así, la escasez de estos productos. Paralelamente, y en el peor de los casos, esta situación puede conducir al desarrollo de “mercados negros” en los que se oferten productos a un precio superior al establecido; los cuales, muchas veces, son de peor calidad. Todo ello conlleva a una reducción del bienestar de los consumidores, la cual muchas veces afecta mucho más a los que se deseaba beneficiar.
Es importante notar que controlar precios en épocas como la que hoy vivimos nos privaría de percibir las valiosas señales que los precios nos bridan. Así, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia es evidente que no estábamos preparados para afrontarla, una prueba de ello es que no había suficientes mascarillas en el mercado que permitan satisfacer la demanda que hoy observamos. Esto generó que los precios aumentaran. Pero esto no ocurrió porque un grupo de empresarios decidieron especular precios o acaparar las mascarillas, sino porque la demanda incrementó exponencialmente, y no existían suficientes mascarillas que permitieran satisfacer esta demanda. El incremento en precios brindó señales: había espacio para entrar al mercado. Es así como muchas personas decidieran entrar al negocio, y lo que hoy vemos es una mayor oferta de mascarillas, y junto con eso menores precios.
En Latinoamérica, recientemente, países como Argentina, México y Bolivia ya han sufrido estas consecuencias negativas de políticas similares. Al inicio de la pandemia, el Gobierno de Alberto Fernández implementó la política de control de precios máximos sobre los supermercados. En consecuencia, los supermercados dejaron de ofertar el 72% de sus productos y en su lugar, las empresas prefirieron reportarlos como merma[3]. Sumado a esto, el precio en un mercado minorista puede llegar a 48% más que el precio ofertado por los supermercados.
En febrero de este año, el Gobierno de Bolivia fijó un rango de precios para la harina de soya. Como era previsible, esta medida generó malestar entre los productores soyeros quienes realizaron una “huelga de tractores” en las carreteras más importantes de Santa Cruz. Al respecto, el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fidel Flores, argumentó que la medida perjudicaba a los agricultores pues “distorsiona el proceso de negociación entre los agricultores y las industrias”[4]. Sin embargo, la medida fue ratificada por el Gobierno. Similar evento ocurrió a fines de julio en México, cuando el Gobierno Federal impuso control de precios al Gas Licuado de Petróleo (GLP) para hacer frente a su incremento. La Comisión Federal de Competencia Económica de México (COFECE) no tardó en criticar la medida asegurando que “(…) podría tener consecuencias contrarias a lo que pretende la directriz, como el desabasto o escasez de gas LP”[5]. Las reacciones no tardaron en hacerse visibles. Así, dos días después de su implementación, los distribuidores de GLP se declararon en huelga generando mayor tensión en el país.
A pesar de la evidencia, las iniciativas controlistas siempre han surgido y estas casi siempre no entienden la razón detrás de estos incrementos de precios. Así, por ejemplo, el actual incremento de precios a nivel nacional obedece a cambios en los precios internacionales de las materias primas. De diciembre del 2020 a junio del 2021, el precio del maíz amarillo, aceite de soya y el petróleo han aumentado en más del 60%, 80% y 39% respectivamente. Asimismo, esta situación se ha visto agravada por el aumento del tipo de cambio, que a fines de agosto registró una variación de 13,91% en comparación con los niveles de inicio de año[7], debido a que son productos de relevante participación en las importaciones peruanas. La creciente demanda por dólares, generada principalmente por la incertidumbre política, es un factor determinante para explicar el alza en precios. Estos sobrecostos en materia prima han conllevado a que los precios de los productos finales de la canasta básica de consumo nacional se hayan incrementado. En consecuencia, según el BCRP, la inflación anual a junio del 2021 es de 3.81%[8].
Es conocido que cualquier medida regulatoria debería evaluar todos sus efectos porque la inclusión u omisión de éstos determinará su resultado. Así, por ejemplo, como en este caso sucede, si se omiten costos o efectos negativos que deberían considerarse, se podría terminar aprobando una medida que causaría más perjuicios que beneficios. Esto sucede con las medidas de controles de precios. La misma receta y la de peores efectos.
[1]00RPP Noticias (20.08.2021), “Pedro Castillo: La próxima semana habrá sorpresas con el gas y los alimentos de la población”. Disponible en: https://bit.ly/3Dp0W90
[2]00Tras el monitoreo de precios realizado a nivel nacional realizado el 11 y 12 de agosto, Pérez de Cuellar, presidenta de INDECOPI, sostuvo que “estas acciones de monitoreo no tienen como objetivo controlar precios, ya que nuestra economía se basa en la libertad de precios. El Indecopi actúa y actuará en el marco de sus competencias, siempre monitoreando el comportamiento de los actores del mercado, en favor de las y los consumidores y de la promoción de la libre y leal competencia de los mercados”. Diario Gestión (19.08.2021), “Los precios máximos y mínimos de la leche y el pollo, luego de la fiscalización de Indecopi”. Disponible en: https://bit.ly/3gpJuaO
[3] América Retail (12.04.2021), “Precios Máximos: un producto puede llegar a costar 48% más caro en un comercio minorista que en un supermercado”. Disponible en: https://bit.ly/3yx3dLA
[4] RPP Noticias (12.02.2021), “Agricultores bolivianos realizan “tractorazo” en contra del control de precios en el país”. Disponible en: https://bit.ly/3gOOEwW
[5] Diario Gestión (03.08.2021), “Distribuidores de GLP de México en huelga tras control de precios impuesto por López Obrador”. Disponible en: https://bit.ly/3juRPvK
[6] Reporte de Inflación, Junio 2021. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas (BCRP). Disponible en: https://bit.ly/2WCKTE5
[7] Yahoo Finance. Link: https://yhoo.it/3Bplyw7
[8] Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Disponible en: https://www.bcrp.gob.pe/
Gabriela es Máster en Competencia y Regulación de Mercado por la Barcelona Graduate School of Economics, España. Es licenciada en Ciencias Sociales con especialización en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gabriela tiene experiencia en las áreas de Organización Industrial, Regulación y Políticas de Competencia; con enfoque en los sectores de Telecomunicaciones, Medio Ambiente, Transporte y Retail. Ha participado en más de 15 investigaciones de libre competencia (carteles, posición de dominio, fusiones, etc.), más de 10 estudios de impacto regulatorio y más de 30 estudios de cuantificación de daños y multas administrativas. Cuenta con un nivel fluido de inglés.