Cómo hacer para que algo desaparezca o cueste el doble? Sencillo. Regula su precio. Ponle un tope por decreto al precio que se puede cobrar por ese bien o servicio y este se volverá escaso o sólo disponible a precios superiores al regulado. Esto es lo que ha hecho el Congreso al establecer la regulación de las tasas de interés que cobran las entidades del sector financiero. La semana que pasó, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia una ley que establece dicho régimen. Al hacerlo eliminó la libertad de fijación de precios de la que han gozado estas entidades. Cobrar por encima de los topes regulados será sancionado con pena privativa de la libertad como delito de usura.
Como siempre, el discurso suena bonito: “se protege al consumidor frente a bancos usureros”. Bonitos también fueron los discursos que acompañaron la creación del Pan Popular o la Leche Enci en el primer gobierno de Alan García. Luego de los discursos vino la escasez, las colas y el mercado negro.
De poco sirvió que distintas entidades hicieran notar el impacto que este tipo de medidas puede generar en el acceso al crédito por parte de consumidores que tienen un perfil de riesgo elevado; y en las entidades que los suelen atender, que no son precisamente los grandazos del barrio. Los topes harán que menos entidades se arriesguen a otorgar créditos a este grupo de consumidores. Como ocurrió en el pasado, surgirá un mercado negro donde será posible encontrar crédito, pero a tasas superiores a las oficiales. Si querían alejar a este segmento del sector financiero, lo han logrado. Pareciera que han buscado ampliar el negocio del crédito informal, donde si no pagas simplemente te mandan “al pata de la moto”.
Si existía un problema y varias alternativas para enfrentarlo, era obligación del Congreso escoger las medidas menos restrictivas de la libertad de los agentes para atender al problema. No se hizo. Se eligió lo más fácil. Se limitó la libertad. Al hacerlo se vulneró la Constitución.
No es la primera vez que el Congreso establece un régimen de control de precios, que limita la libertad de actuación en el mercado. Lo hizo el año pasado al revivir el delito de especulación y acaparamiento, y el de abuso de poder de mercado (que mató el programa de clemencia que administra Indecopi). Dejar pasar esa primera agresión, ha generado el espacio para que ocurra nuevamente. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo proteger la Constitución activando los mecanismos a su disposición. Esperemos que esta vez no lo deje pasar.
Usurero es la persona que saca un beneficio muy alto en un asunto. Aquí los integrantes del Congreso se vienen comportando como usureros, al tratar de sacar provecho de la aprobación de este tipo de iniciativas en plena campaña electoral. Esta clase de usura es la que debiera estar prohibida.
Alejandro es Máster en Regulación por el London School of Economics and Political Sciences, Reino Unido. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene práctica en las áreas de Derecho de la Competencia, Regulación Económica, Regulación en Telecomunicaciones, Energía y Transporte, Responsabilidad Civil Extracontractual, Contratos y Arbitraje. Cuenta con un nivel fluido de inglés.