23/08/2014 El Comercio de Perú
El ministro de Economía se niega a entregar información sobre una empresa pública a un ciudadano. Recibe una multa de 9.000 dólares. La Junta Directiva del Congreso se niega a entregar información sobre la planilla de asesores de los congresistas. Reciben una multa de 6.000 dólares.
No ocurrió en el Perú. Ocurrió en El Salvador. Hace unos días me reuní con los comisionados y funcionarios del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), un organismo del Estado salvadoreño encargado de que las entidades públicas entreguen a los ciudadanos la información que estos soliciten.
‘Indecopileaks’
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