Publicado por: BFE+
Existen diversos estudios que vinculan el desempeño y desarrollo del sector de telecomunicaciones con el desarrollo económico1. Es por ello que, resulta necesario que se genere un entorno que promueva las inversiones en el sector. El principal beneficio de un despliegue de mayores inversiones permitiría a los usuarios tener un mejor servicio, ya sea por la implementación de nuevas tecnologías o por menor sobrecarga de la red. Asimismo, un despliegue de mayores inversiones podría incluso reducir la brecha de uso de internet en los hogares2 al permitir que más usuarios accedan al servicio.
Sin embargo, las recientes iniciativas legislativas distan de generar un entorno de promoción del desarrollo del sector telecomunicaciones. Esto debido a que los Proyectos de Ley aprobados recientemente por el Congreso no han evaluado el impacto que estos pueden tener en la dinámica competitiva del sector, otra vez regulando a ciegas.
Tal es el caso de la reciente aprobación de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso del Proyecto de Ley 3339/2022-CR3, el cual plantea que los operadores de telecomunicaciones otorguen una compensación a los usuarios por interrupciones en el servicio4. Cabe destacar que, actualmente los operadores deben devolver la suma correspondiente a los pagos por el servicio no brindado5, por lo que el Proyecto de Ley en cuestión incorpora un sobrecosto a los operadores por el pago por “compensación” a los usuarios. Es importante señalar que, no se han establecido los criterios que serán tomados en cuenta para “compensar” a los usuarios, lo cual afecta la predictibilidad de esta regulación en el sector.
Cabe destacar que no se ha evaluado si esta medida es necesaria y razonable. Es más, según información de OSIPTEL, incluso sin esta modificación en la regulación en los últimos 6 años, los reclamos por interrupción de servicios han mostrado una tendencia decreciente. En concreto, los reclamos por servicio no operativo han caído a una tasa constante de 44%, por lo que no parece existir un problema creciente en la continuidad del servicio.
Número de reclamos presentados por averías en materia de servicio no operativo.
Fuente: Plataforma Nacional de Datos Abiertos – OSIPTEL.
Elaboración propia
Si bien el Proyecto de Ley parece tener buenas intenciones (mejora de calidad del servicio), no se han evaluado ni ponderado los posibles efectos que podría tener este tipo de medidas. Así las cosas, no se está tomando en cuenta los perjuicios en el desarrollo del sector que implica la aplicación de medidas sin sustento técnico.
En primer lugar, este tipo de medidas se traduce en mayores costos incurridos, tales como defensa legal, costos de monitoreo, entre otros. Estos costos finalmente serían trasladados a los mismos usuarios, elevando el costo de acceso a estos servicios, lo cual tiene un impacto en el costo de la canasta básica de servicios6.
En segundo lugar, legislar sin evaluar los posibles riesgos impacta negativamente en las perspectivas de los inversionistas. Al percibir mayor riesgo, un inversionista solicitará una mayor compensación por asumir dicho riesgo. Esta mayor compensación solicitada se refleja en un incremento de los costos de capital del negocio. Así, es posible que este tipo de medidas incremente el costo de capital vigente de los principales operadores del mercado.
Un problema asociado a mayores costos de capital es que las nuevas inversiones en el sector resultan más costosas, poniendo en riesgo el despliegue de nuevas o mejores tecnologías (despliegue del 5G o redes de fibra óptica) o incluso el cierre de brechas de acceso a la tecnología (actualmente 29% de localidades con población de al menos 100 habitantes no cuenta con cobertura del servicio de telefonía móvil7).
En tercer lugar, este tipo de medidas podría excluir a competidores que están en su etapa de desarrollo y consolidación en el mercado. Así, los esfuerzos de reducir los niveles de concentración y promover la competencia entre los actores podría verse revertido en los siguientes años, afectando la dinámica competitiva actual del sector. Es importante señalar que, si el objetivo de la política propuesta por el Congreso está enfocado en la mejora de la calidad de los servicios y la continuidad del servicio, en vez de regular a ciegas, debería promover inversiones en el sector que permitan el despliegue de nuevas tecnologías y que permitan ampliar el alcance de estas a más peruanos. De esta manera, se puede aprovechar los beneficios por mayores inversiones. La regulación a ciegas no ataca los problemas actuales del sector (brechas de acceso e implementación de nuevas tecnologías), sino solo generan sobrecostos injustificados, lo cual incluso afecta la dinámica competitiva en el sector.
1 Mellado, A. (2016). La infraestructura de telecomunicaciones y el desarrollo económico de los países. Fernández-Ardèvol, M. (sf.) Las comunicaciones móviles y el desarrollo socioeconómico:Una perspectiva latinoamericana. Saunders, R.; Warford, J.; Wellenius, B. (2010) Telecommunications and economic development : Las telecomunicaciones y el desarrollo económico.
2 Según el INEI, al 4to trimestre del 2022, solo el 58.4% contaba con acceso a internet. Ver: https://bit.ly/3ZAkiC1
3 Ver: https://bit.ly/3U112MT
4 Asimismo, se otorga facultades al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) de determinar cómo se calcula dicha compensación.
5 Ver: https://bit.ly/3KnmB6Y
6 Según el INEI (2023), el gasto en comunicaciones asciende a aproximadamente 5% del gasto en consumo de la canasta básica.
7Cifras corresponden al año 2022 según indicador de brechas del MEF. MEF (2023). Indicadores de brechas. Ver: https://bit.ly/42X5ct1
