La separación dentro de los servicios públicos de las actividades que deben ser reguladas de manera ex-ante por el Estado, de aquellas que deben estar sujetas a la regulación general de competencia -regulación ex post de ciertas conductas empresariales, que permite un mayor grado de discrecionalidad por parte de los operadores-, se ha convertido en los últimos años prácticamente en un “dogma”
