“Quien critica a los carteles empresariales y luego aplaude a los estatales o es un incoherente o es un ignorante”.
Hace ya unos años participé en un congreso académico en Brasil sobre Derecho y Economía. Entre los asistentes había desde libertarios hasta socialistas.
En uno de los paneles se discutió sobre los carteles empresariales. Empresas competidoras usaban diversos tipos de acuerdos para elevar los precios. Para aumentar las utilidades, los líderes de las empresas se reunían para acordar cuánto cobrar y evitar lo que ellos mismos calificaban como “competencia ruinosa”.
Un cartel es una práctica terriblemente perniciosa. Al elevar los precios, reducen la producción (a mayor precio, cae la cantidad demandada) y con ello las empresas que los conforman obtienen más utilidades a costo de reducir el bienestar general.
En la reunión en Brasil hubo consenso entre liberales y socialistas en rechazar esas prácticas; para los primeros por reducir la competencia, para los segundos por aumentar las utilidades de las empresas. A final de cuentas, son las dos caras de la misma moneda.
Pero en otro panel en la misma reunión pasó algo curiosamente contradictorio. Los participantes de izquierda se quejaron ácidamente de la política de ciertos estados brasileros de bajar impuestos para atraer contribuyentes e inversión a sus localidades. Decían que esos estados “competían deslealmente” contra otros. Proponían entonces que los estados que bajaban impuestos fueran sancionados y obligados a subirlos para evitar la “presión competitiva” por reducir ingresos fiscales.
Si un cartel de empresas es malo, ¿por qué un cartel de estados sería bueno? Finalmente, los impuestos son el “precio” que el Estado nos cobra por brindarnos los servicios que supuestamente debería darnos. La necesidad de atraer contribuyentes busca, como en las empresas, que los Estados sean más eficientes en los servicios públicos.
Hoy 130 países del mundo (incluido el Perú), en el marco de la OECD, plantean un impuesto mínimo de 15% (algo así como decir que no se puede vender gasolina por debajo de 15 soles) para reducir la competencia tributaria. Pero es forzar a pagar más y reducir los incentivos para un gasto eficiente.
Si los carteles de precios son malos (que lo son), también lo son los carteles estatales. No es posible criticar a los primeros y alabar al mismo tiempo a los segundos.
Y los carteles de impuestos no son los únicos. También hay carteles regulatorios, en que los países se ponen de acuerdo para establecer estándares o requerimientos conjuntos, reduciendo los incentivos a competir por mejores prácticas o marcos institucionales con el facilismo de tener prácticas comunes concertadas. Por ejemplo, el principal (y virtualmente único) argumento del Indecopi para promover el control de concentraciones empresariales fue, precisamente, que la OECD lo promovía (es decir, que era mejor ser parte de un cartel).
Para quien cree en la competencia, los acuerdos para limitarla para empresas o para Estados son igualmente malos. La esquizofrenia aparece cuando se cree que es bueno que las empresas compitan, pero malo que los Estados lo hagan. Y es que, al igual que los empresarios, los políticos quisieran siempre tener un monopolio, y si no lo pueden tener, van a querer formar un cartel. Por eso, cuando un político le diga que hay que fomentar la competencia, no le crea por lo que dice. Créale por lo que hace.
Alfredo es Máster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Yale, Estados Unidos. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Honoris Causa por la Universidad Continental. Tiene experiencia en las áreas de Derecho de la Competencia, Regulación Económica, Protección al Consumidor, Propiedad, Responsabilidad Civil Extracontractual, Contratos, Comercio Internacional y Arbitraje; con enfoque en los sectores de construcción, seguros, energía, telecomunicaciones, societario, entre otros. Cuenta con un nivel fluido de inglés.