El 6 de junio será la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre).
El plan de Gobierno de Pedro Castillo sostiene que «para lograr el control jurídico comercial se creó un sistema de justicia internacional al servicio de las transnacionales», y propone la denuncia al Convenio CIADI.
Esta propuesta contradice las cifras. Es incorrecto que el CIADI sea un sistema «al servicio de las transnacionales», o que la experiencia peruana sea negativa. Perú ha ganado 15 de los 18 arbitrajes CIADI que ha enfrentado, y solo ha debido pagar el 7% de los montos reclamados. Pese a ser demandada, Perú ha recibido más pagos que los que ha desembolsado a inversionistas extranjeros. Por ello, no es posible sostener que los arbitrajes CIADI hayan sido perjudiciales para Perú.
También se sostiene que «el Estado Peruano pierde en el OSCE más del 90% de los arbitrajes en claro beneficio del empresariado privado (…). indemnizándolos previo soborno y corrupción». Si bien los arbitrajes ante el OSCE pueden requerir reformas, no es cierto que Perú pierda «más del 90%» de los casos.
Hasta el 2015, Perú había sido condenado a pagar poco más del 50% de los montos reclamados. Estas propuestas son riesgosas y generarán una reducción muy fuerte en la inversión privada extranjera y local, afectando así la economía.
Por su parte, el plan de Keiko Fujimori no tiene propuestas riesgosas para el arbitraje. El problema es que simplemente no tiene ninguna propuesta al respecto. Si bien es improbable que planteen medidas gravosas como las anteriores, el silencio nunca es un buen indicador.