Publicado por: Perú 21, 21 de febrero del 2021
“Colarse en la fila de las vacunas es muy malo. Promover ciertas ideas sobre cómo no vacunarnos puede ser mucho peor”.
Los últimos días nos han mostrado cómo los funcionarios usan lo que debería ser de todos en su beneficio. Ni es nuevo ni dejará de pasar a pesar del escándalo. Pero hay otras “bajas calañas” más sutiles y dañinas. Es sobre ellas que quiero comentarles hoy.
Si usted decide no vacunarse, no solo está asumiendo un mayor riesgo de contagiarse. Está incrementándolo a los demás. Su decisión afecta la salud de otros.
El objetivo de la vacunación es crear una red de seguridad en la que el valor de la red es superior a la suma del valor individual de todos sus integrantes. Una vacuna vale más que el beneficio que recibe el vacunado. En economía ello se conoce como externalidades: la decisión individual genera un costo o un beneficio superior al que recibe la persona que toma la decisión.
La vacunación es, en parte, un bien público. Ello justifica que el Estado invierta recursos de nuestros impuestos para conseguirla.
La vacunación se parece a la seguridad pública. Si contrata un vigilante para que cuide afuera de su casa, recibe el beneficio de más seguridad. Pero también genera seguridad a sus vecinos porque la presencia del vigilante desincentiva que los roben a ellos (es decir, una externalidad). ¿Por qué va a generar seguridad en beneficio de los demás con su dinero? Entonces, no contrata al vigilante. El resultado es que habrá más robos para todos.
La respuesta al problema de la seguridad como bien público es que el Estado recaude impuestos y cree una Policía pública. De lo contrario, no habrá suficientes vigilantes privados para proteger a la sociedad.
Pero note un detalle. El que haya seguridad dada por la Policía estatal no excluye que existan vigilantes privados. Muchas personas o empresas contratan esos vigilantes y benefician indirectamente a sus vecinos generando más seguridad en sus barrios. En otras palabras, el beneficio de la seguridad privada (en parte generada por la desconfianza a la seguridad estatal) genera beneficios a quienes no pagan por ella. Por efecto de las externalidades positivas (beneficios), los privados “regalan” seguridad a los demás. Y, de hecho, en muchos países (por ejemplo, EE.UU.) hay más personas trabajando en seguridad privada que en la Policía. El carácter de bien público de la seguridad no excluye la contribución privada para su generación. Con ello todos estamos mejor.
Lo mismo aplica a la vacunación. Dado que la seguridad sanitaria de evitar contagios es un bien público, deseamos que se inviertan la mayor cantidad de recursos en su generación. Si los privados invierten en vacunarse y suman esa inversión a la del Estado, habrá más vacunas.
Quizás sin quererlo, los privados están “regalando” al prójimo la reducción de riesgo de contagio. Y si se arman programas en los que los privados se comprometen a vacunarse no solo a ellos sino a terceros (una especie de impuesto voluntario), la externalidad positiva se multiplica aún más.
Negarse a aceptar este hecho (que haya más recursos invertidos en la vacunación, al margen de su origen) es, o producto de la ignorancia o de una muy mala calaña, en la que personas como Verónika Mendoza están poniendo por delante una falacia ideológica y engañosa antes que el bienestar de los peruanos. En eso ella y Lescano son simples populistas.
Máster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Yale, Estados Unidos. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Honoris Causa por la Universidad Continental. Experiencia en Arbitraje Internacional y de Inversiones, Competencia, Regulación Económica, Derecho Civil y de Contratos, con enfoque en los sectores de construcción, seguros, energía, telecomunicaciones, minería, hidrocarburos, entre otros. Como abogado y experto, ha participado en 150 casos administrados bajo las reglas de CCI, CIADI, CIAC, CCL, Amcham y el Centro de Arbitraje de la PUCP. Como árbitro ha participado en más de 300 arbitrajes administrados por la CCI, CIADI, PCA, CIAC, CCL, Amcham, etc. Es el único latinoamericano que forma parte de la Corte de Arbitraje de London Court of International Arbitration. Forma parte del Consejo de administración del CEIA. Fue miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y Presidente de la Comisión Técnica del Ministerio de Justicia que elaboró la Ley de Arbitraje peruana. Hasta el 2000, fue miembro del Tribunal de INDECOPI. Hace más de 16 años es reconocido como Band 1 / Star Individual por Chambers & Partners, y es el único peruano reconocido en el ranking regional de International Arbitration por Chambers & Partners. Es reconocido como Global Elite Thought Leader por WWL.