La presidenta del Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), Verónica Zambrano, afirmó que desde el OSITRAN ya tienen preparado un proyecto de respuesta (recurso de apelación) a la sentencia mediante la cual el Poder Judicial limitó las facultades del organismo regulador sobre el Puerto de Chancay. Asimismo, señaló que en OSITRAN se encuentran a la espera de ser notificados con la sentencia que limita su facultad para fiscalizar el puerto de Chancay para presentar su recurso de apelación y que la sentencia sea revisada por la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia.

➔ Diario Gestión (13/02/26)

EJECUTIVO: Modifican Código de Protección al Consumidor para regular prácticas abusivas en el comercio electrónico

El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo 1729, que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor a propuesta del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), con el fin de fortalecer la protección de los consumidores en el comercio electrónico. La reforma prohíbe expresamente prácticas que distorsionen la voluntad del usuario, como suscripciones involuntarias o compras adicionales predeterminadas, incorporándolas como métodos comerciales coercitivos sancionables. Asimismo, impone a los proveedores digitales la obligación de contar con sistemas de atención de reclamos accesibles, permanentes y sin costos adicionales, incluyendo a empresas extranjeras que dirijan su oferta al mercado peruano, las cuales deberán mantener al menos un canal de contacto operativo. La medida refuerza la capacidad sancionadora del Indecopi en entornos digitales y alinea la normativa peruana con estándares promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Portal Institucional del INDECOPI (12/02/26)

INDECOPI: Autorizan adquisición del terminal portuario de Paracas

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) aprobó sin condiciones la adquisición del 100% de Terminal Portuario Paracas S.A. por parte de Terminal Investment Limited Holding S.A. (TiL), en una operación valorizada en aproximadamente US$ 200 millones. La transacción implicó la transferencia del control del Terminal Portuario General San Martín, en Pisco, cuya concesión fue otorgada en 2014 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a un consorcio integrado por Servinoga, Pattac y Tucumann. La operación superó los umbrales previstos en el régimen peruano de control previo de concentraciones, activando su evaluación obligatoria. Tras el análisis, la autoridad concluyó que la adquisición no generaría efectos restrictivos significativos sobre la competencia, por lo que autorizó su ejecución sin imponer condiciones. TiL, vinculada mayoritariamente a Mediterranean Shipping Company (MSC), también mantiene participación indirecta en el Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao.

Diario La República (13/02/26)

MTC: Publican proyecto de norma que aprueba el régimen general de renovación de concesiones de servicios de telecomunicaciones

Mediante la Resolución Ministerial No. 063-2026-MTC/01.03, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha dispuesto la publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el “Régimen general de renovación de las concesiones de los servicios públicos de telecomunicaciones”. Se propone supeditar la prórroga de los títulos habilitantes a criterios de inversión y modernización tecnológica. Para la remisión de comentarios, se ha otorgado un plazo perentorio de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente de su publicación oficial.  

Diario Oficial El Peruano (10/02/26) 

MTC: Modifican el Decreto Legislativo que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG) 

Mediante el Decreto Legislativo No. 1738, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) modificó el marco normativo del RENTESEG estableciendo un límite máximo de siete (7) líneas móviles por persona natural, nacional o extranjera, con el fin de combatir la criminalidad y la suplantación de identidad. La norma vincula a las empresas operadoras a verificar dicho tope previo a cualquier contratación y faculta al OSIPTEL para disponer la baja de servicios excedentes, garantizando un plazo razonable para que el abonado seleccione sus líneas vigentes. El incumplimiento de estas obligaciones constituye infracción administrativa bajo la potestad sancionadora del regulador. Cabe precisar que los usuarios con más de siete líneas preexistentes podrán mantenerlas, pero quedan impedidos de adquirir nuevos servicios. 

Portal Institucional del MTC (13/02/26) 

INDECOPI: Modifican norma de libre competencia para garantizar mayor acceso y eficacia procesal

El Poder Ejecutivo modificó, el 13 de febrero de 2026, la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas mediante el Decreto Legislativo 1728, en el marco de las facultades delegadas por la Ley 32527, con el objetivo de eliminar sobrecostos y fortalecer la eficacia de los procedimientos en materia de libre competencia. La reforma suprime dos cargas económicas que podían desalentar la participación de los agentes en los procedimientos sancionadores: el pago de una tasa equivalente a media UIT para solicitar medidas cautelares y la posibilidad de trasladar a las partes los costos de medios probatorios ordenados de oficio, como peritajes técnicos. Con ello, se reducen barreras que afectaban la presentación de denuncias y el ejercicio del derecho de defensa, reforzando la actuación de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Asimismo, la modificación contribuye a alinear el régimen peruano con los estándares promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Portal Institucional del INDECOPI (13/02/26)

CONGRESO: Presentan proyecto de ley para fortalecer la protección del usuario financiero y garantizar la presunción de inocencia

La congresista Nieves Limachi Quispe, integrante del grupo parlamentario Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, presentó un proyecto de ley que tiene como objeto modificar el artículo 85 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. La finalidad de esta iniciativa es fortalecer derechos de usuarios de servicios financieros frente a decisiones contractuales basadas en criterios de prevención del lavado de activos, y así asegurar respeto al derecho fundamental de presunción de inocencia. En específico, la propuesta establece que entidades del sistema financiero requerirán de una sentencia condenatoria firme por lavado de activos para poder negar la contratación, modificar o resolver unilateralmente los contratos de los usuarios bajo este sustento, evitando así cierres de cuentas basados en meras investigaciones o sospechas. Asimismo, la norma obliga a las instituciones a comunicar de manera clara, fehaciente y motivada las razones legales que sustentan cualquier decisión de este tipo. Por último, el proyecto busca adecuar la legislación a los estándares del Tribunal Constitucional para impedir la exclusión arbitraria de ciudadanos del proceso de bancarización y precisa que su implementación no generará gastos al Estado.

Portal del Congreso (10/02/26)

OSIPTEL: Publican TUO del Reglamento del Aporte por Regulación  

Mediante la Resolución No. 000015-2026-CD/OSIPTEL, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) publicó el Texto Único Ordenado del Reglamento del Aporte por Regulación (APR). El reglamento consolida el marco normativo para el financiamiento de las funciones de supervisión y regulación del sector. Están sujetos a esta contribución los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, quienes deben abonar una alícuota sobre sus ingresos brutos anuales, previa deducción de conceptos permitidos. Además, la norma detalla el procedimiento para la presentación de declaraciones juradas mensuales y anuales a través del Sistema Electrónico en Línea (SEL), estableciendo plazos perentorios y un régimen de intereses moratorios.  

Portal Institucional del OSIPTEL (13/02/26) 

OSIPTEL: Amplían plazo para la recepción de comentarios al Proyecto de la Metodología de Cálculo de Multas

Mediante la Resolución No. 000013-2026-CD/OSIPTEL, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) dispuso la ampliación del plazo para la remisión de comentarios al Proyecto de Metodología de Cálculo de Multas (MCM), fijando el 16 de marzo de 2026 como fecha límite perentoria. Esta medida, fundamentada en la complejidad técnica y la relevancia del proyecto para el régimen sancionador, busca salvaguardar el derecho de participación de los administrados y garantizar que la futura norma técnica cuente con un análisis de dosimetría punitiva exhaustivo.  

Diario Oficial El Peruano (11/02/26) 

OSITRAN: Rechaza recursos de aerolíneas sobre la TUUA

El Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), declaró infundados los recursos presentados por los gremios de aerolíneas AETAI e IATA que se centraron en criticar la metodología usada para el cálculo de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA), así como su afectación a la competitividad del aeropuerto. Por lo tanto, queda confirmado el cobro de la TUUA de US$ 10.05 (internacional) y US$ 6.32 (nacional) hasta el 31 de diciembre de 2030.

Diario El Comercio (09/02/26)

INDECOPI: Se inicia procedimientos sancionadores contra tres bancos por trabas en la recepción de reclamos

La Comisión de Protección al Consumidor N.º 3 del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) inició de oficio procedimientos administrativos sancionadores contra Banco Ripley S. A., Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) y Santander Consumer Bank S. A. por presuntas trabas en la recepción de reclamos a través de sus canales presenciales y virtuales. Según la autoridad, las entidades habrían impuesto requisitos no contemplados en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, como negarse a admitir reclamos de personas que no son clientes, limitando así el ejercicio del derecho a reclamar. La decisión se sustenta en fiscalizaciones presenciales y remotas realizadas con apoyo de herramientas tecnológicas por la Dirección de Fiscalización. De comprobarse las infracciones, los bancos podrían enfrentar multas de hasta 450 UIT (S/ 2 475 000), además de la imposición de medidas correctivas en favor de los consumidores afectados.

Portal Institucional del INDECOPI (10/02/26)

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