Publicado por: Revista Industria Legal febrero 2023 p.34-35
La Municipalidad Metropolitana de Lima (“MML”) decidió terminar unilateralmente el Contrato de Concesión de Rutas de Lima, que tiene a su cargo tres de las principales vías de acceso a la ciudad de Lima. Su principal argumento es que el cobro de peajes en las vías concesionadas es contrario al interés público debido a los costos que impone a sus usuarios. Esta decisión es un tropiezo más del Estado peruano que afecta su institucionalidad y socava la atracción de inversiones privadas a nuestro país.
En los últimos años, la institucionalidad en el Perú se ha deteriorado rápidamente. El Global Competitiveness Index 2018 del Banco Mundial reportó que nuestro país ocupaba el puesto 90/140 en este factor. En la edición del 2019, bajamos al puesto 94/141. Este deterioro se vio agravado por la crisis generada durante la pandemia del COVID-19 y la grave inestabilidad política de los últimos 3 años. Hoy, el principal riesgo de nuestro país, según el Global Risks Report, es el colapso del Estado.
La falta de institucionalidad genera decisiones erráticas del gobierno que no se ajustan a derecho y que propician un alto grado de conflictividad. A nivel de inversión privada, ello se traduce en fuga de capitales y en cuantiosos reclamos internacionales contra el Estado peruano, como los 23 arbitrajes de inversión que actualmente están en curso ante el CIADI.
Para contrarrestar esta situación es necesario que el gobierno peruano envíe señales al mercado de seguridad y respeto por las normas y los contratos de los que es parte. En particular, de los contratos de concesión que permiten desarrollar infraestructura estratégica, como autopistas, puertos, aeropuertos, etc., a través de la inversión privada.
La decisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima (“MML”) no va en esa dirección. Al alegar que el cobro de peajes es contrario al interés público, esta decisión pone en entredicho el sistema de concesiones en sí mismo. Restar credibilidad a este esquema de inversión envía un mensaje negativo a los inversionistas interesados en desarrollar proyectos de infraestructura pública. Ello resulta especialmente perjudicial para nuestro país que, según el reporte Markets of Tomorrow 2023, ocupa el quinto lugar a nivel mundial entre los países cuyo desarrollo económico enfrentará un cuello de botella por la falta de infraestructura complementaria.
Asimismo, este tipo de decisiones propicia arbitrajes comerciales y de inversiones cuyos costos deben ser asumidos por los contribuyentes. En este caso en particular, ya existen dos decisiones arbitrales que validaron el cobro y la actualización de los peajes que hoy cuestiona la MML, conforme al Contrato de Concesión de Rutas de Lima. Ambos tribunales arbitrales ordenaron a la MML a indemnizar a la compañía.
Teniendo ello en cuenta, la decisión de la MML no es un modelo por seguir. Por el contrario, sus efectos pueden resultar perjudiciales para el propio interés público que pretende proteger. Es indispensable que el Estado peruano deje de tropezar con la misma piedra y oriente sus pasos hacia el fortalecimiento de su institucionalidad y la confianza de los inversionistas.
Uber es abogado por la Pontifica Universidad Católica del Perú - PUCP. Su práctica incluye derecho internacional, constitucional, regulatorio y contractual; así como arbitraje internacional comercial y de inversiones. Cuenta con cursos de especialización en Contrataciones con el Estado y Redacción e Investigación Jurídica.