“En el presente artículo, el autor analiza una reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la que se determina la improcedencia de los procesos constitucionales cuando su finalidad sea cuestionar decisiones arbitrales y sobre todo lo relacionado con la interpretación de los hechos, pruebas y normas. Con ello, el Tribunal refuerza la autonomía de la jurisdicción arbitral y limita la intervención de la sede judicial en sus decisiones. La importancia de esta jurisprudencia coincide, además, con la promulgación de la nueva Ley General de Arbitraje con la que se consolida la relevancia constitucional de este mecanismo.”
